La disputa por el aguaEl sur del país tiene un potencial minero excepcional por sus reservas de cobre, oro y hierro. Hoy la inversión de este sector supera los 10 mil millones de dólares en Arequipa, Moquegua y Tacna. Pero se trata de una actividad que no es posible desarrollar sin abastecimiento regular de agua, un recurso cada vez más escaso en esta zona del país debido a la disminución dramática de las lluvias. Lo poco que hoy cae del cielo o circula por sus ríos pretende ser reservado por los agricultores para sus cultivos. Las mineras están impacientes. Tienen paralizados dos proyectos claves (Tía María y Quellaveco). ¿Será posible un acuerdo?
Por: Juan Carlos Soto
La República/Arequipa
“Aquí nació Abimael Guzmán”, recuerda un pasajero. El valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, no es noticia nacional por los orígenes del líder de Sendero Luminoso. La fiera oposición de sus pobladores a la minería los puso en boca de todos, hasta del presidente García. El testimonio de esa oposición ha quedado en pintas y carteles que se distinguen entre los kilómetros 1049 y 1047 de la Panamericana Sur. La consigna es elocuente: “Agro sí, minas no”.
La neblina se arrastra por la carretera. Típico invierno costero. Islay forma parte de la cabecera del desierto de Atacama, una de las zonas más secas del mundo. Cae una garúa menuda a veces. El valle surge de milagro, del océano rumbo a la cordillera abriéndose paso entre los arenales. Sus once mil hectáreas afincadas en las orillas del río del mismo nombre se irrigan con aguas que nacen en las serranías de Moquegua y Puno y mueren en el mar. En el desierto, a dos kilómetros de los sembríos de arroz, caña de azúcar y otros productos de panllevar, Southern Perú Copper Corporation pretende poner en marcha su proyecto minero Tía María. Son dos yacimientos de cobre (Tía María y La Tapada) para extraer 120 mil toneladas de mineral al año. Los agricultores temen la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua dulce que demandará la mina en sus operaciones.
La pulseada con Southern tuvo episodios dramáticos. Dos audiencias públicas suspendidas a las patadas y paralizaciones que aislaron al sur por bloqueos en la Panamericana. En abril pasado hubo una huelga que solo fue posible levantar con un acuerdo que suspendió las operaciones de la mina hasta que se revise el estudio de impacto ambiental. Pepe Julio Gutiérrez, uno de los promotores de las protestas, denuncia que Southern no respeta la disposición e insiste en actividades que podrían volver a encender la mecha de la confrontación. Algo que es desmentido por la empresa.
Gutiérrez actualmente postula al municipio de Cocachacra por Fuerza Social (el partido de Susana Villarán). Le reprochan haberse aprovechado del conflicto social para lanzar su candidatura. Una crítica extendida a otros dirigentes que alentaron el rechazo al proyecto de Southern y ahora son candidatos.
El tema sensible en Islay es el agua, un recurso escaso en una zona desértica. En tiempos de sequía, Tambo muere de sed. Hace años libraron una disputa con Moquegua por el líquido, región con la que comparten la misma cuenca. Siguen esperando la construcción de una represa prometida por los gobiernos regional y central.
Southern requiere 7 millones de metros cúbicos de agua al año para separar el mineral de la roca estéril. La trasnacional quiso echar mano a una inmensa piscina subterránea alimentada por las malas prácticas de riego del valle. La explotación del acuífero era un arma de doble filo, dice el ambientalista Jesús Gómez Urquizo. “Quemas reservas que podrían explotarse en tiempos de escasez; además es probable que desde allí surjan manantiales del río Tambo”. Después de nadar a contracorriente y con torpeza, Southern, que proyecta invertir 934 millones de dólares, aceptó que el único camino posible es desalinizar el mar.
El vocero de la empresa, Guido Bocchio Carbajal, anunció que la empresa invertirá en una planta de tratamiento cuyo costo asciende a 50 millones de dólares. “No fue un capricho lo del agua del subsuelo; allí hay una inmensa reserva que incluso malogra las tierras por la humedad”, dice.
Condenados por el pasado
Sin embargo, la desconfianza persiste. En Cocachacra, el distrito que forma parte del valle, Raúl Zevallos, un agricultor dedicado hace 58 años a la labranza de la tierra, nos recibe en su casa. “Es imposible una convivencia entre la mina y la agricultura. No solo nos quitarán agua, también dañarán nuestros cultivos”, asegura desde el principio. El especialista Edwin Guzmán explica que esta desconfianza es consecuencia de los pasivos ambientales de Southern. Guzmán recuerda que en décadas pasadas los humos de la fundición de Ilo perjudicaron a Tambo y nunca hubo compensación. También menciona el desastre ecológico en Ite (Tacna), en donde en treinta años depositaron los relaves de las minas Cuajone y Toquepala. Con cargo de conciencia, la empresa recuperó la bahía con programas de mitigación.
En el distrito de Candarave, zona andina de Tacna, Southern explota más de 1,500 litros de agua por segundo para sus minas de Cuajone y Toquepala. El alcalde de esa jurisdicción, Mario Copa, afirma que esta sobreexplotación agotó vertientes naturales y desertificó 27 mil hectáreas de humedales.
Bocchio sostiene que no existe ningún estudio que avale esta tesis. “Son especulaciones de una autoridad en campaña. Que se haga un estudio y se demuestre ello”. Lo cierto es que Candarave, en 1998, eligió su camino. En una consulta vecinal sus habitantes rechazaron mayoritariamente la instalación de nuevos proyectos mineros.
Guzmán no cree que Southern repita estos hechos en Islay. Pero advierte el fracaso rotundo de sus relaciones con la comunidad.
No tuvo tacto para ablandar a la población. Lugareños y autoridades de la zona hablan de maltratos y arrogancia de la empresa.
Quienes se oponen a la minería se aferran a los resultados de una consulta popular en la provincia arequipeña. En esta participó menos de la mitad de la población y todos votaron contra la minería. Southern ha replanteado su relación con Islay e intenta acercarse con programas de capacitación para jóvenes y el proyecto de invertir 27 millones de soles en obras que requiere la provincia. El desenlace está por verse.
Moquegua, otra olla a presión
La semana pasada, cuatro mil manifestantes tomaron la sede del Gobierno Regional de Moquegua e intentaron incendiarlo. Una enardecida reacción para pedir la cabeza de los funcionarios del Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG). La razón: haberle entregado la reserva hídrica del río Chincune a la compañía Anglo American Quellaveco.
Dicha empresa explotará un yacimiento cuprífero en la provincia de Torata. Para ello requieren 700 litros por segundo. El río en mención estaba destinado a la II etapa de Pasto Grande, que prevé irrigar las Lomas de Ilo y completar el abastecimiento de agua potable en esa ciudad portuaria. Martín Vizcarra, ex decano del Colegio de Ingenieros, advierte que no son antimineros y que solo le preocupa la disponibilidad hídrica para la agricultura. “A Quellaveco le propusimos una inversión de 25 millones de dólares en una represa de 80 millones de metros de cúbicos; con eso quedaría solucionado el problema”. El pleito llegó a Lima. Allá agricultores y dirigentes moqueguanos pelean para suspender la entrega del recurso a Quellaveco. El último fin de semana dieron un ultimátum: amenazan con protestas si no revocan esa decisión. En un comunicado, la compañía ha mostrado su predisposición al diálogo.
Hace diez años, Quellaveco pugna para conseguir la aprobación de sus estudios de impacto ambiental y la añorada licencia social.
Inicialmente pretendía satisfacer sus necesidades explotando agua subterránea de una cuenca llamada Chilota, pero el Ministerio de Energía y Minas rechazó esa opción para evitar el impacto ambiental en vertientes y bofedales. El yacimiento, en la cuenca del Tambo, requiere una inversión de 2,500 millones de dólares, casi tres veces más que Tía María. En esta misma cuenca hay otros proyectos como Los Calatos y la mina de oro Chucapata. Entre ambos superan los tres mil millones de dólares en inversión. Arequipa no se queda atrás. Se anuncia hallazgos de yacimientos de hierro, cobre y oro en Pampas del Pongo y el Zafranal. La pregunta clave es: ¿habrá suficiente agua para estos proyectos sin ahogar la agricultura? Con la deglaciación de los nevados y la drástica reducción de las lluvias en la sierra sur, la respuesta es obvia.
Es posible una convivencia
Edwin Guzmán
Ambientalista
El potencial minero del sur es fuerte. Sin embargo, hay una disputa por un recurso escaso: el agua. En esta discusión hay dos posiciones radicales. Unos apuestan solo por la minería y en otro bando están los antimineros, quienes piden el retiro de todas las compañías extractivas. La convivencia puede darse entre las dos actividades, pero la minería debe asumir un papel activo. Su preocupación no solo debe centrarse en la búsqueda de los recursos mineros, también del agua que usarán para explotarlo. El ejemplo de Cerro Verde es bueno (uno de los principales productores de cobre en el país). Contribuyó con la construcción de represas en Arequipa y nadie le hizo problemas. La fórmula debe ser: si la mina usa un metro cúbico de agua, debe poner tres metros cúbicos a disposición del agro y del consumo de la población. Es una utopía pedir el retiro de las minas. El canon se ha convertido en una fuente de ingresos para los gobiernos regionales y locales. Deberíamos preocuparnos por los informales, los más grandes contaminadores.
Datos
3,862 denuncios mineros se hicieron en Arequipa hasta abril del 2009. Esta cifra ubica a esta región como la más concesionada para la actividad extractiva.
5,000 millones de soles por canon y regalías recibieron las regiones durante el 2008, año del boom de los metales.
Fuente: Diario La República, suplemento "Domingo". 19 / 09 / 2010.
Recomendado:
La Tía María y la glocalización (Econ. Humberto Campodónico).
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