sábado, 25 de septiembre de 2010

Análisis del modelo económico peruano.

El modelo peruano

Por: Alfredo Zaiat (economista)

La referencia a otras experiencias económicas es un rasgo visible del establishment doméstico y de ciertos analistas con pretensión de cautivar a auditorios desinformados. En diferentes momentos políticos siempre emerge un país modelo a imitar para aprender de sus supuestas bondades. Esa posición desmerece las capacidades locales de generación de un sendero propio de desarrollo. El esquema de razonamiento es tosco pero convocante en el discurso dominante del espacio público: lo bueno está en el exterior y lo malo se encuentra en el ámbito local. Esa forma tan esquemática de abordar una cuestión complicada, como los modelos de desarrollo, inhibe la posibilidad de analizar la complejidad involucrada. Pese a la presencia de casos fallidos, que en el pasado fueron expuestos como ejemplos, ese enfoque de comparaciones livianas es reiterado por representantes del mundo empresario. Antes era Irlanda y España, que se derrumbaron con la reciente crisis europea y, a nivel regional, Chile, que pese a las mejoras continúa con los peores índices de desigualdad de Latinoamérica. Ahora, la estrella del mercado es Perú.

Un reciente libro del periodista y economista Julio Sevares (Por qué crecieron los países que crecieron de editorial Edhasa) analiza la experiencia de varios países. En general, la sabiduría convencional presenta recetas de aplicación universal con garantía de éxito. La historia demuestra lo contrario, señala Sevares, agregando que las condiciones para impulsar la prosperidad son diversas y no responden a “ninguna receta establecida ni dejan lugar para las fórmulas mágicas”. Cada una de las historias tiene “diferentes dotaciones de recursos, sistema político, ubicación geográfica y cultural”, apunta. La obra de Sevares permite inferir que hay decisiones clave para que un país crezca que no son precisamente las que mencionan los organismos internacionales ni las propuestas de grupos económicos locales. Uno de los denominadores comunes que el autor destaca de esos países fue la existencia de “elites decididas a promover el crecimiento apelando al poder del Estado y a la movilización de las voluntades mediante la promoción de ideales de progreso o de fortalecimiento nacional”.

Esta es una característica ausente en gran parte de la elite local, que hoy se expone en el elogio al modelo peruano para impugnar el sendero de crecimiento argentino. Esto es señalado, entre otros hombres de negocios, por el empresario automotor Cristiano Rattazzi. Cuando se observan las cifras de la macroeconomía de Perú resulta indudable que está transitando un ciclo de crecimiento acelerado y sostenido. Economistas y medios de comunicación de la city hablan del “milagro peruano” y la revista Forbes ubica a Perú entre los primeros lugares de un ranking sobre los mejores países para hacer negocios en América latina. Del mismo modo que la Argentina de la década del noventa, hoy el Perú de Alan García es la niña mimada de las finanzas globales por su política de apertura al capital extranjero y su estrategia neoliberal en materia fiscal y monetaria.

Algunos indicadores sobre la evolución de la economía peruana permiten una comprensión más abarcadora. Las robustas estadísticas de crecimiento que exhibe Perú tienen un motor destacado, con una potencia sólo equivalente al petróleo para Venezuela, en los elevados precios de las materias primas que exporta: minerales, productos agrícolas y de pesca. Cien empresas mineras provenientes de Canadá, Australia, Inglaterra, China, Estados Unidos y Australia operan en Perú. El principal producto de exportación es el oro, con despachos por 4369 millones de dólares en el período enero-julio de este año, y luego le sigue minerales de cobre con 3097 millones de dólares. Esas dos materias primas representan el 40,1 por ciento del total de las exportaciones peruanas.

El especialista Felipe Gálvez Condori publicó en el diario peruano Los Andes “La realidad ficticia: ‘el crecimiento económico del Perú’” la opinión del economista de Harvard Michael Porter, quien señaló que el crecimiento económico del Perú no se ha reflejado en beneficio de la mayoría de la población y que, de cierta forma, este crecimiento es un “espejismo” porque “las cifras en azul proceden del alza de las materias primas”. Gálvez Condori destaca que los problemas económicos y sociales de Perú “siguen siendo la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la aplastante corrupción y el alto nivel de informalidad”. También rescata la opinión del filósofo, sacerdote y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez Merino: “Contraviniendo la ley de la gravedad, aquí la economía cuando chorrea, chorrea hacia arriba. Sé que no somos de respetar mucho las leyes, pero al menos la de Newton habría que respetarla”. Para agregar que “se dice que el país crece, pero, ¿cómo están los pobres? Además el país crece porque la riqueza aumenta en quienes ya tenían muchas posesiones. El mundo de los pobres disminuye poco. A veces disminuye el índice de pobreza porque el crecimiento demográfico baja. Ciertas mejoras hay, indudablemente, pero seguimos con un grupo inmenso de pobres”.

Acerca de esa cuestión, la periodista peruana Milagros Salas publicó en “De la euforia oficial a la crítica activista”, en la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), que en 1991 Perú registraba 23 por ciento de su población indigente, y en 2008 vivían en esa situación 12,6 por ciento de sus habitantes. En los últimos cuatro años este país redujo la pobreza total a 36,2 por ciento, lo que implica que 3,5 millones de personas dejaron de ser pobres. El Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP, en sus siglas en inglés) elaboró un informe paralelo a partir de esas cifras oficiales y, si bien reconoce que Perú avanzó en reducir la indigencia, advierte también que en la población en general hay más hambrientos que dos años atrás y que en las zonas rurales este escenario se compara incluso al de 2004. De acuerdo a ese documento, elaborado por el economista Raúl Mauro, esto se debe a que las familias pobres pueden comprar ahora menos alimentos por la inflación internacional de los productos básicos, principalmente en las zonas más alejadas de la capital. Como en todo proceso político y económico existen matices y claroscuro, y el peruano no escapa a esa regla. Pero cuando el establishment lo muestra como el modelo a imitar encierra el deseo de regresar a las fuentes del neoliberalismo. Dani Rodrik, profesor de Política Económica Internacional en la School of Government de la Universidad de Harvard, ilustró en un documento, con un título nada inocente “Después del neoliberalismo, ¿qué?”, que los “países en desarrollo que han sido exitosos son los que siguieron sus propios lineamientos de política económica”. Rodrik destaca que esas estrategias “no necesariamente sirven para otros países, sino que cada uno debe diseñar senderos de desarrollo particulares”. Transitar ese camino en el debate económico sería más enriquecedor que la insistencia del establishment de castigar la autoestima nacional señalando un modelo de país idílico y, por lo tanto, inexistente sólo con el objetivo de regresar a las fuentes del neoliberalismo. En esa tensión que recorre hoy el escenario político mediático, Sevares ilustra en su libro con que “el atraso no es una maldición histórica, sino el resultado de acciones u omisiones deliberadas de las clases dominantes y, en alguna medida, de las sociedades que las sufren, pero que también las sustentan”.

azaiat@pagina12.com.ar

Fuente: Diario Página 12 (Argentina). Domingo 19 de septiembre del 2010.

Recomendado:

Análisis de la economía peruana por Michael Porter (Harvard Business School).

Neoliberales criollos, revolución capitalista y desnacionalización económica.

domingo, 19 de septiembre de 2010

Los proyectos mineros y el manejo de recursos hídricos. La agricultura y minería ante la escasez de agua.

La disputa por el agua

El sur del país tiene un potencial minero excepcional por sus reservas de cobre, oro y hierro. Hoy la inversión de este sector supera los 10 mil millones de dólares en Arequipa, Moquegua y Tacna. Pero se trata de una actividad que no es posible desarrollar sin abastecimiento regular de agua, un recurso cada vez más escaso en esta zona del país debido a la disminución dramática de las lluvias. Lo poco que hoy cae del cielo o circula por sus ríos pretende ser reservado por los agricultores para sus cultivos. Las mineras están impacientes. Tienen paralizados dos proyectos claves (Tía María y Quellaveco). ¿Será posible un acuerdo?

Por: Juan Carlos Soto
La República/Arequipa

“Aquí nació Abimael Guzmán”, recuerda un pasajero. El valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, no es noticia nacional por los orígenes del líder de Sendero Luminoso. La fiera oposición de sus pobladores a la minería los puso en boca de todos, hasta del presidente García. El testimonio de esa oposición ha quedado en pintas y carteles que se distinguen entre los kilómetros 1049 y 1047 de la Panamericana Sur. La consigna es elocuente: “Agro sí, minas no”.

La neblina se arrastra por la carretera. Típico invierno costero. Islay forma parte de la cabecera del desierto de Atacama, una de las zonas más secas del mundo. Cae una garúa menuda a veces. El valle surge de milagro, del océano rumbo a la cordillera abriéndose paso entre los arenales. Sus once mil hectáreas afincadas en las orillas del río del mismo nombre se irrigan con aguas que nacen en las serranías de Moquegua y Puno y mueren en el mar. En el desierto, a dos kilómetros de los sembríos de arroz, caña de azúcar y otros productos de panllevar, Southern Perú Copper Corporation pretende poner en marcha su proyecto minero Tía María. Son dos yacimientos de cobre (Tía María y La Tapada) para extraer 120 mil toneladas de mineral al año. Los agricultores temen la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua dulce que demandará la mina en sus operaciones.

La pulseada con Southern tuvo episodios dramáticos. Dos audiencias públicas suspendidas a las patadas y paralizaciones que aislaron al sur por bloqueos en la Panamericana. En abril pasado hubo una huelga que solo fue posible levantar con un acuerdo que suspendió las operaciones de la mina hasta que se revise el estudio de impacto ambiental. Pepe Julio Gutiérrez, uno de los promotores de las protestas, denuncia que Southern no respeta la disposición e insiste en actividades que podrían volver a encender la mecha de la confrontación. Algo que es desmentido por la empresa.

Gutiérrez actualmente postula al municipio de Cocachacra por Fuerza Social (el partido de Susana Villarán). Le reprochan haberse aprovechado del conflicto social para lanzar su candidatura. Una crítica extendida a otros dirigentes que alentaron el rechazo al proyecto de Southern y ahora son candidatos.

El tema sensible en Islay es el agua, un recurso escaso en una zona desértica. En tiempos de sequía, Tambo muere de sed. Hace años libraron una disputa con Moquegua por el líquido, región con la que comparten la misma cuenca. Siguen esperando la construcción de una represa prometida por los gobiernos regional y central.

Southern requiere 7 millones de metros cúbicos de agua al año para separar el mineral de la roca estéril. La trasnacional quiso echar mano a una inmensa piscina subterránea alimentada por las malas prácticas de riego del valle. La explotación del acuífero era un arma de doble filo, dice el ambientalista Jesús Gómez Urquizo. “Quemas reservas que podrían explotarse en tiempos de escasez; además es probable que desde allí surjan manantiales del río Tambo”. Después de nadar a contracorriente y con torpeza, Southern, que proyecta invertir 934 millones de dólares, aceptó que el único camino posible es desalinizar el mar.

El vocero de la empresa, Guido Bocchio Carbajal, anunció que la empresa invertirá en una planta de tratamiento cuyo costo asciende a 50 millones de dólares. “No fue un capricho lo del agua del subsuelo; allí hay una inmensa reserva que incluso malogra las tierras por la humedad”, dice.

Condenados por el pasado

Sin embargo, la desconfianza persiste. En Cocachacra, el distrito que forma parte del valle, Raúl Zevallos, un agricultor dedicado hace 58 años a la labranza de la tierra, nos recibe en su casa. “Es imposible una convivencia entre la mina y la agricultura. No solo nos quitarán agua, también dañarán nuestros cultivos”, asegura desde el principio. El especialista Edwin Guzmán explica que esta desconfianza es consecuencia de los pasivos ambientales de Southern. Guzmán recuerda que en décadas pasadas los humos de la fundición de Ilo perjudicaron a Tambo y nunca hubo compensación. También menciona el desastre ecológico en Ite (Tacna), en donde en treinta años depositaron los relaves de las minas Cuajone y Toquepala. Con cargo de conciencia, la empresa recuperó la bahía con programas de mitigación.

En el distrito de Candarave, zona andina de Tacna, Southern explota más de 1,500 litros de agua por segundo para sus minas de Cuajone y Toquepala. El alcalde de esa jurisdicción, Mario Copa, afirma que esta sobreexplotación agotó vertientes naturales y desertificó 27 mil hectáreas de humedales.

Bocchio sostiene que no existe ningún estudio que avale esta tesis. “Son especulaciones de una autoridad en campaña. Que se haga un estudio y se demuestre ello”. Lo cierto es que Candarave, en 1998, eligió su camino. En una consulta vecinal sus habitantes rechazaron mayoritariamente la instalación de nuevos proyectos mineros.

Guzmán no cree que Southern repita estos hechos en Islay. Pero advierte el fracaso rotundo de sus relaciones con la comunidad.

No tuvo tacto para ablandar a la población. Lugareños y autoridades de la zona hablan de maltratos y arrogancia de la empresa.

Quienes se oponen a la minería se aferran a los resultados de una consulta popular en la provincia arequipeña. En esta participó menos de la mitad de la población y todos votaron contra la minería. Southern ha replanteado su relación con Islay e intenta acercarse con programas de capacitación para jóvenes y el proyecto de invertir 27 millones de soles en obras que requiere la provincia. El desenlace está por verse.

Moquegua, otra olla a presión

La semana pasada, cuatro mil manifestantes tomaron la sede del Gobierno Regional de Moquegua e intentaron incendiarlo. Una enardecida reacción para pedir la cabeza de los funcionarios del Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG). La razón: haberle entregado la reserva hídrica del río Chincune a la compañía Anglo American Quellaveco.

Dicha empresa explotará un yacimiento cuprífero en la provincia de Torata. Para ello requieren 700 litros por segundo. El río en mención estaba destinado a la II etapa de Pasto Grande, que prevé irrigar las Lomas de Ilo y completar el abastecimiento de agua potable en esa ciudad portuaria. Martín Vizcarra, ex decano del Colegio de Ingenieros, advierte que no son antimineros y que solo le preocupa la disponibilidad hídrica para la agricultura. “A Quellaveco le propusimos una inversión de 25 millones de dólares en una represa de 80 millones de metros de cúbicos; con eso quedaría solucionado el problema”. El pleito llegó a Lima. Allá agricultores y dirigentes moqueguanos pelean para suspender la entrega del recurso a Quellaveco. El último fin de semana dieron un ultimátum: amenazan con protestas si no revocan esa decisión. En un comunicado, la compañía ha mostrado su predisposición al diálogo.

Hace diez años, Quellaveco pugna para conseguir la aprobación de sus estudios de impacto ambiental y la añorada licencia social.

Inicialmente pretendía satisfacer sus necesidades explotando agua subterránea de una cuenca llamada Chilota, pero el Ministerio de Energía y Minas rechazó esa opción para evitar el impacto ambiental en vertientes y bofedales. El yacimiento, en la cuenca del Tambo, requiere una inversión de 2,500 millones de dólares, casi tres veces más que Tía María. En esta misma cuenca hay otros proyectos como Los Calatos y la mina de oro Chucapata. Entre ambos superan los tres mil millones de dólares en inversión. Arequipa no se queda atrás. Se anuncia hallazgos de yacimientos de hierro, cobre y oro en Pampas del Pongo y el Zafranal. La pregunta clave es: ¿habrá suficiente agua para estos proyectos sin ahogar la agricultura? Con la deglaciación de los nevados y la drástica reducción de las lluvias en la sierra sur, la respuesta es obvia.

Es posible una convivencia

Edwin Guzmán
Ambientalista


El potencial minero del sur es fuerte. Sin embargo, hay una disputa por un recurso escaso: el agua. En esta discusión hay dos posiciones radicales. Unos apuestan solo por la minería y en otro bando están los antimineros, quienes piden el retiro de todas las compañías extractivas. La convivencia puede darse entre las dos actividades, pero la minería debe asumir un papel activo. Su preocupación no solo debe centrarse en la búsqueda de los recursos mineros, también del agua que usarán para explotarlo. El ejemplo de Cerro Verde es bueno (uno de los principales productores de cobre en el país). Contribuyó con la construcción de represas en Arequipa y nadie le hizo problemas. La fórmula debe ser: si la mina usa un metro cúbico de agua, debe poner tres metros cúbicos a disposición del agro y del consumo de la población. Es una utopía pedir el retiro de las minas. El canon se ha convertido en una fuente de ingresos para los gobiernos regionales y locales. Deberíamos preocuparnos por los informales, los más grandes contaminadores.

Datos

3,862 denuncios mineros se hicieron en Arequipa hasta abril del 2009. Esta cifra ubica a esta región como la más concesionada para la actividad extractiva.

5,000 millones de soles por canon y regalías recibieron las regiones durante el 2008, año del boom de los metales.

Fuente: Diario La República, suplemento "Domingo". 19 / 09 / 2010.

Recomendado:

La Tía María y la glocalización (Econ. Humberto Campodónico).

sábado, 4 de septiembre de 2010

La ley de pensiones de la seguridad social, el programa más popular en Estados Unidos: entre la continuidad y la privatización.

¿Está moribunda la seguridad social de EE UU?

Por: Carmelo Mesa-Lago
Catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU).

Acaban de cumplirse 75 años de la promulgación de la ley de pensiones de la seguridad social, el programa más popular en Estados Unidos: basado en la idea de que el Estado debe garantizar la jubilación de todos los trabajadores, beneficia hoy a 43 millones de personas. Este programa está amenazado por un desequilibrio financiero futuro pero, aún más, por un nuevo intento de privatizarlo si los republicanos, aupados por el movimiento ultraconservador Tea Party, ganan la mayoría del Congreso en noviembre.

El informe de la Junta de Gobernadores de la seguridad social de 2010 ratifica que no hay una crisis inminente aunque, por primera vez desde 1983, este año el costo de las pensiones superará al ingreso por cotizaciones, debido a la recesión.

La Junta proyecta que la situación mejorará en 2011-2014, pero empeorará más tarde por el retiro de la generación de baby boomers, que reducirá el ingreso por contribuciones y aumentará los gastos (en 2040 habrá solo dos cotizantes por cada pensionado). Los déficits serán cubiertos por los intereses del fondo hasta 2024 y luego usando las reservas hasta que se acaben en 2037; después, las cotizaciones cubrirán el 75% de las pensiones hasta 2084.

Cuanto más se demore la reforma más costosa será una solución que envuelva varias medidas susceptibles de combinación. Una es subir el tope salarial anual de 85.000 euros para la cotización que favorece al grupo de altos ingresos; la segunda es incrementar el porcentaje de cotización sobre la nómina (un aumento de 1,6% en la cotización actual haría solvente el programa hasta 2084); la tercera es aumentar la edad de jubilación de acuerdo con el ascenso en la esperanza de vida en el momento del retiro, pero ya se está extendiendo gradualmente a 67 años; la cuarta es reducir las prestaciones (la que enfrenta mayor oposición), y una externa al sistema sería legalizar a los inmigrantes que se convertirían en cotizantes, como ocurrió en España.

Las elecciones primarias recién efectuadas no muestran un claro patrón, pero el Tea Party se ha anotado algunas victorias y los expertos vaticinan un bajón en el voto demócrata en noviembre. Irónicamente, las causas son heredadas de la Administración Bush: la crisis que amenaza con regresar, el alto desempleo que no ceja, una caída en la compra de las viviendas y las guerras, a pesar de la retirada planeada por Obama. En vez de apoyar una reforma consensuada bipartidista del sistema público de seguridad social, varios candidatos republicanos ya están desempolvando planes de privatización.

Bush la intentó en 2005, influenciado por el gurú neoliberal José Piñera, autor de la reforma bajo Pinochet, y de think tanks conservadores en EE UU, como el Instituto Cato.

Sabiendo que sería imposible una privatización total, Bush propuso traspasar parte de la cotización sobre la nómina (exceptuando a los trabajadores más viejos) hacia depósitos en cuentas individuales de retiro, como las que existen en nueve países latinoamericanos. Aunque el plan era vago, dicho traspaso provocaría la pérdida de un tercio del ingreso del sistema público, adelantando su desequilibrio y forzando al Gobierno a financiar el déficit. El intento fue derrotado.

Pero la solución radical, deseada por los ultraneoliberales, es el cierre total del sistema público de pensiones, como hicieron Chile, Bolivia, El Salvador, México y la República Dominicana en 1981-2003, generando altísimos costos fiscales. Tras 30 años de privatización en Chile todavía dicho costo es superior al 4% del PIB y se predice será más del 3% en 2040, 60 años después de la reforma. Ello se debe a que al cerrar el sistema público este se queda sin cotizaciones pero con todas las pensiones en curso de pago y con las obligaciones futuras, lo que provoca un déficit inmediato. El Estado carga con ese costo y, además, con la garantía de las pensiones mínimas en el sistema privado y el financiamiento del valor de las cotizaciones aportadas al sistema público por los afiliados que se pasan al privado.

Chile palió el costo fiscal con dos decenios de crecimiento económico sostenido y una prudente política fiscal que generó superávit presupuestario, a más de la inversión de una minoría del fondo privado en títulos de deuda pública. Pero otros países latinoamericanos no adoptaron esas políticas, sufrieron déficit presupuestario y presionaron a las administradoras privadas de pensiones para que invirtieran la gran mayoría del fondo en papeles de deuda pública, quedando a expensas del Gobierno. Así ocurrió en Argentina que, para ayudar al pago de la deuda exterior, cerró el sistema privado en 2008 y pasó sus 9,5 millones de afiliados y 24.000 millones de euros al sistema público, sin adecuadas garantías.

Otro problema de la privatización es que transfiere la responsabilidad del Estado a la persona, porque los fondos en las cuentas individuales se invierten en la Bolsa de valores y quedan sometidos a los vaivenes del mercado. En 2008, el peor año de la crisis financiera global, el valor del fondo privado de Chile cayó un tercio, debido a que buena parte de la cartera estaba invertida en acciones nacionales y emisiones extranjeras, las más afectadas por el desplome bursátil. El fondo chileno ya recuperó lo perdido e incluso excedió el valor precrisis, pero los que se retiraron durante la crisis recibieron una pensión disminuida. Otros países no han sido tan exitosos y la amenazante segunda recesión provocaría otra caída del fondo y de las pensiones.

Obama ha advertido a los privatizadores: "Lucharé con todas mis fuerzas para parar a los que quieren jugar en Wall Street con vuestras pensiones". También ha prometido resolver el desequilibrio futuro de la seguridad social sin privatización, pero para ello necesita en noviembre mantener la mayoría en el Congreso y ganar un segundo mandato. Si el Tea Party y el neoliberalismo triunfasen, sería la "crónica de una muerte anunciada" de la seguridad social.

Fuente: Diario El País. 04/09/2010.


Recomendado:

Surgimiento del Tea Party (Partido del Te).